La operación sistemática de quienes actúan desde la corrupción como opción para la satisfacción de sus intereses personales, ha puesto en evidencia cómo los actos de corrupción se engendran al interior de los gobiernos, justamente cuando la información y los procesos que deberían ser públicos terminan resguardados en el silencio y la privacidad de quienes desangran el erario.

 

En la actualidad, a partir de hechos denunciados, condenas, pagos de multas y descubrimientos de acciones delictivas, se calcula que la corrupción le cuesta a Colombia cerca de 50 billones de pesos cada año. Según el Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República se han generado 1.850 sanciones por delitos contra la administración pública, la mitad de los implicados no paga cárcel y del porcentaje restante, el 25% logra que le den casa por cárcel.

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